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La apertura económica en bienes de consumo final desplaza a la producción nacional y destruye empleo industrial desde hace 22 meses interrumpidamente.

El desproporcionado tarifazo en gas y luz es un inmenso castigo al presupuesto de los hogares y ganancias extraordinarias para los conglomerados energéticos.

El oneroso endeudamiento en Lebac no logra bajar la inflación, acelera el deterioro del tipo de cambio real y regala una fabulosa renta especulativa al mundo de las finanzas.

La presión oficial a la baja de las paritarias provoca una caída del salario real del trabajador registrado sólo superada en términos históricos por las grandes crisis del estallido de la convertibilidad y de la hiperinflación.

El fuerte incremento del déficit fiscal tiene su origen en la caída de la recaudación en términos reales, en la eliminación de las retenciones y de impuestos a sectores medios y altos de la pirámide de ingresos y en el aumento de la carga de intereses de la deuda.

El inédito ciclo de endeudamiento en dólares, por el monto involucrado en tan breve tiempo, viene a cubrir el creciente desequilibrio de las cuentas externas.

 

Todos estos comportamientos de variables relevantes impulsarían a economistas ortodoxos y heterodoxos conservados a la definición de que la economía está en una crisis. Pero no lo hacen. Aseguran en cambio que la economía está transitando el camino correcto.

 

No hubo errores económicos (devaluación, eliminación de retenciones, apertura comercial y desregulación financiera) ni excesos en algunas iniciativas (tarifazos).

El resultado de esa política no fue inesperado para el gobierno. Fue lo que buscaron. Es lo que los economistas denominan cambios en la estructura de precios relativos de la economía.

Esta tuvo como objetivo principal redefinir la relación entre el empresariado y los trabajadores, buscando el deterioro de la distribución del ingreso a favor del capital y en contra del asalariado.

La recesión de 2016, construyendo el relato de la existencia de una crisis asintomática, definición extraordinaria para el engaño colectivo, fue funcional para imponer un cambio de tendencia en la distribución del ingreso, mediante la reducción del salario real, el incremento del desempleo y subocupación, la expansión de la precarización laboral y el desplazamiento de la estructura económica de las pymes. 

(Extracto de Bloque de Poder, por Alfredo Zaiat)

 

 

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