Las reforma impositiva y laboral tienen un impacto directo sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que cobran más de 17 millones de personas.

El cambio más inmediato es la modificación de la ley de movilidad que ya para el año próximo implicaría aumentos en los haberes en unos 10 puntos inferiores a los que resultaría de mantenerse la actual fórmula. Se estima que en lugar del 24%, los aumentos bajarían al 14 o 16%, y en consecuencia los beneficiarios de esas prestaciones no recuperarían la pérdida de 2016. En total con ese cambio el Gobierno pagaría, en 2018, entre $ 120.000 millones y $ 140.000 millones menos en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones, y sería clave para financiar el resto del paquete impositivo.

La ley de Reparación Histórica fijó un plazo de hasta tres años (2019) para una reforma más amplia a través del “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, presidido por el Ministerio de Trabajo e integrado por distintos sectores y expertos para proponer un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”. Se menciona que habría un pilar básico, conformado por la actual Pensión Universal del Adulto Mayor que paga el 80% del haber mínimo (poco menos de $ 6.000), una prestación según los años de aportes y podría crearse un “pilar” complementario, de aportes voluntarios, manejado por compañías de seguro o fondos privados.

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