Se paraliza la obra pública por las denuncias, por ahora infundadas, sobre muchos empresarios de la construcción ligados a la obra pública y con contratos PPP (participación pública privada).

Los proyectos PPP representan unos 6000 millones de dólares y tienen a su vez una garantía por 100 millones de dólares cada uno, además los bancos estarían empezado a ser reticentes en el pago de los descuentos de los certificados de obra.

El peligro que empiezan a ver en el gobierno es que muchas empresas multinacionales comprarían por un bajo precio los contratos ya existentes y de empresas comprometidas con la causa de los cuadernos de Centeno.

Además se podría activar una causa que tiene Martinez De Giorgi quién ya había allanado las oficinas locales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las empresas IECSA y Ghella, en el marco de la causa que investiga si hubo pago de coimas y otros delitos en los trámites de concesión de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento en el 2017, ahora paradas por decisión política ya que comprometerían al mismo Mauricio Macri.

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